Una misión de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció la desaparición en Uruguay de niños, niñas y adolescentes tras su permanencia en instituciones de protección estatales, así como de mujeres, por la acción de redes de trata y explotación sexual, según un informe divulgado ayer viernes (15.07.2022)
La delegación, perteneciente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, llamó asimismo al Estado uruguayo a acabar definitivamente con la impunidad de violadores a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
El equipo, que permaneció en el país entre el 7 y el 14 de julio, se reunió con autoridades de organismos del Estado, congresistas y representantes de asociaciones de familiares y víctimas de desapariciones forzadas y organizaciones de la sociedad civil.
La entidad dijo haber «recibido información relacionada con desapariciones que se están produciendo en la actualidad, en particular entre personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (niños, niñas y adolescentes y mujeres)», según su informe, sin especificar casos.
Denunció igualmente la existencia de «un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos», así como una falta de acceso de los familiares de las víctimas a la justicia.
Respecto a las desapariciones de personas durante la dictadura, destacó la falta de avances en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido con las personas desaparecidas y el castigo a los culpables de los hechos. «Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente» ese estado de cosas, indicó en sus observaciones preliminares.
De acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 200 personas uruguayas desaparecieron tanto en territorio nacional como en países vecinos en el marco del llamado Plan Cóndor de coordinación entre fuerzas represivas de las dictaduras de la región.
«Es urgente una política de Estado (…) que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales», subrayó la delegación, llamando a un acceso irrestricto a los archivos oficiales. Saludó por otra parte «la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad», así como la labor realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos. La misión presentará sus conclusiones ante la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2023 en Ginebra.
Fuente: ONU – AFP
