La planta fraccionadora de gas del Parque Industrial de Neuquén, propiedad de Enarsa (90%) y CALF (10%), se anunció en 2011, se construyó en 2013 y se terminó en 2014, pero nunca funcionó. Y nunca lo hará: las fallas de diseño y el crecimiento urbano alrededor del predio la convirtieron en objeto de demolición. El complemento de esta historia de fracaso fueron las 54.845 garrafas que no se pudieron utilizar durante años por un freno judicial. A simple vista cualquiera pensaría que la intervención judicial tendría que ver una investigación de oficio, sin embargo, el abandono llegó por una demanda civil cruzadas entre el arquitecto y la firma creada para el proyecto.
Hace dos años los envases, que estuvieron tirados a la intemperie cinco inviernos, viajaron 1.037 kilómetros hasta Mercedes (Buenos Aires) con el objetivo de ser revisados -el proceso se denomina certificación– para poder regresar a familias de bajos recursos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Enarsa las cedió, vía convenio y no como compra, a YPF Gas -firma que concentra el mercado del gas licuado de petróleo envasado- y una vez realizadas las pruebas debían ser los gobiernos municipales los que solicitaran y buscaran los envases para asistir a las familias de sus ciudades. Incluso con las necesidades que la pandemia potenció, el interés fue nulo.
Hoy las garrafas están en el mercado y sirvieron para apuntalar parte del déficit que gravitaba hasta el año pasado por el faltante de envases. Muy pocas volvieron a la Patagonia, por ejemplo Neuquén que tenía asignadas 10.000 solo adquirió 1.000. Tampoco los gobiernos provinciales ni el Nacional pusieron esmero.
Para tener una idea de lo que son 54.000 garrafas alcanza con explicar que serviría para que las más de 12.000 familias que las necesitan en Neuquén capital tengan, al menos, cuatro cada una, cuando regularmente suelen conseguir una. Hoy un envase se consigue en sitios de venta por hasta 15.000 pesos.
El freno a las garrafas
En julio de 2015 el arquitecto Carlos Barbato, patrocinado por la letrada Dalila Pinacho, reclama a Enarsa Patagonia honorarios impagos por 2,5 millones de pesos. La empresa, representada por Ignacio Pujante, hace una contrademanda contra el profesional asegurando fallas en la construcción que no permitían poner la planta en funcionamiento y le reclama 3,5 millones de pesos.
El contrademandante cita al juicio a la empresa constructora Skay SRL y al representante técnico de la misma, el ingeniero Ricardo Amerio, que son representados por Martín Segovia y Cecilia Deltour.
Las pericias se realizaron, pero el juicio sigue y recién en marzo de 2020 la magistrada revisó lo actuado y constató que las pruebas se realizaron, rectificó la continuidad dictada en diciembre de 2019 y dejó sin efecto la prohibición.
Fue en junio de ese año, en medio de las medidas de distanciamiento por la pandemia, que por intervención del ministerio de Desarrollo Social de Nación se liberaron las primeras 10.000 garrafas que, en principio, debían regresar a Neuquén. A dos años de esa fecha en la planta no quedan envases y el Municipio neuquino le confirmó a RÍO NEGRO que solo obtuvo 1.000.
Un predio abandonado y olvidado
En 2011 el por entonces presidente de CALF, Marcos Silva, anunció la asociación con Enarsa para la creación de Enarsa Patagonia y construcción de la planta fraccionadora. Por sus características sería única en la Patagonia y permitiría abastecer a toda la región con una capacidad de procesar 4.000 toneladas de gas butano y propano en su primer año.
En el armado del proyecto también participó el sindicato de Petroleros Privados, por entonces bajo el mando de Guillermo Pereyra, porque emplearía hasta 70 operarios. Hoy solo hay un sereno y tres perros que lo acompañan.
CALF aportó un predio de 6 hectáreas y una vieja licencia de distribución de gas que la cooperativa poseía desde hacía más de 30 años.
La inversión inicial fue estimada en 48 millones de pesos, unos 12 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento, y en la firma del acuerdo participó el titular de Enarsa, Eduardo Lupercio, que dependía del exministro Julio De Vido.
El objetivo primario de la planta era abastecer el programa “Garrafas Para Todos” que garantizaba el acceso a envases y a recargas a precios subsidiados, unos 16 pesos en aquel lejano 2011.
La obra finalizó en 2014 pero nunca entró en funciones ni contrató personal. Con el inicio del proceso judicial de demandas, casi todos los años con el inicio de los meses más fríos el tema se reflotó en la agenda pública. Hubo pedidos de diputados, concejales y organizaciones sociales para que las garrafas puedan sacarse del predio y llegar hasta las familias que, incluso, veían complicado hasta el acceso a los envases.
Si bien el manejo de garrafas tiene, por seguridad, un complejo entramado burocrático y técnico para su manipulación e inserción en el mercado, por ejemplo son asignadas a una sola planta y esta es la que debe certificar y renovar la habilitación de uso, la historia de la planta fraccionadora de Parque Industrial excede cualquier intento de compresión racional. Los fondos públicos desperdiciados en el proyecto, del que tampoco nunca se conoció justificación para su construcción, obligaban a contar con un mayor compromiso y celeridad en las decisiones de los involucrados. Eso no ocurrió esta vez, pero tampoco abundan los ejemplos que expresen lo contrario.
Fuente: Diario Río Negro
