17 junio, 2024 02:17
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Morir de hambre y sed en el desierto tras ser expulsados de Túnez

Un agente de fronteras libio le echa agua a un migrante africano en la frontera entre Libia y Túnez, este 30 de julio. STR (EFE)
El pasado 16 de julio, el llamado “Equipo Europa”, representado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Países Bajos (Mark Rutte), e Italia (Giorgia Meloni), firmaba un acuerdo de colaboración con Túnez para la gestión migratoria. Mientras, centenares de migrantes y refugiados luchaban por sobrevivir sin agua ni comida en una franja de varios kilómetros de desierto entre las fronteras libia y tunecina. Allí los habían deportado las fuerzas de seguridad de Túnez a principios de julio, y allí permanecen todavía unas 200 personas en unas condiciones inhumanas, según el Fórum Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), la principal fundación especializada sobre temas migratorios en Túnez.

“Según fuentes militares libias, allí han muerto ya al menos 18 personas. Es una verdadera tragedia, y una vergüenza para Túnez y para la Unión Europea, que ha permanecido en silencio”, declara en una entrevista con este diario Romdhane Ben Amour, investigador del FTDES.

Esta ayuda llega demasiado tarde para una veintena de personas que han perecido víctimas de la inanición y los estragos de las temperaturas extremas. Este es el caso de Fati y su hija Marie, cuyos cadáveres fueron encontrados abrazados bajo el sol hace un par de semanas, una imagen que dio la vuelta al mundo. La ONG Refugees in Libya fue capaz de identificarlas y localizar a Pato, marido y padre de las víctimas, que contó su historia. La pareja, ella de nacionalidad marfileña y él camerunés, se conoció en un centro de detención en Libia en 2016, y al año siguiente nació su pequeña. Deportados en el desierto, se separaron en busca de comida y se perdieron. Él logró cruzar la frontera, donde supo de la trágica muerte de sus seres queridos.

Los Ejércitos de ambos países solo han permitido el acceso de Media Luna Roja para proporcionar ayuda a los migrantes, incluidos mujeres embarazadas y niños, a la intemperie en una zona con temperaturas extremas que han alcanzado los 50 grados

“Las fuerzas de seguridad arrestaron a todos los extranjeros negros y los metieron en autobuses hacia Sfax. Dio igual que muchos estuvieran aquí de forma legal, que fueran estudiantes, refugiados reconocidos por Acnur o demandantes de asilo”, explica en una entrevista un líder de la comunidad subsahariana en Túnez que prefiere guardar su anonimato por seguridad. Además, muchos sufrieron malos tratos y humillaciones que incluyeron palizas, insultos, agresiones sexuales, y la quema de sus pasaportes y documentos de identidad. Asimismo, se les confiscaron sus teléfonos móviles para que no pudieran relatar lo que sucedía.

Se calcula que durante la primera semana, unas 1.200 personas fueron deportadas a la frontera entre Túnez y Libia, y unas 500 a la frontera con Argelia, igualmente desértica. Tras el escándalo que supuso a nivel internacional, Túnez rescató a algunos de ellos pasada una semana. “La Cruz Roja de Túnez llevó a albergues públicos más o menos la mitad de los que había en la frontera libia, y a todos los que estaban en Argelia. Ahora están en centros públicos incomunicados, se les prohíbe salir, y cada día se les ofrece la opción de firmar un “retorno voluntario” a sus países de origen, explica Ben Amour.

Con el acceso a la zona sellado y habiéndoles confiscado sus móviles, es muy difícil acceder a los testimonios de las personas deportadas. Una de las pocas excepciones es un angustioso vídeo emitido porAl Jazeeraen el que se ve a diversas personas implorando ayuda. “Estamos a punto de morir. Por favor, por favor, ayuda, ayuda”, suplica una mujer joven con lágrimas en los ojos. “No sabemos por qué estamos aquí. Estamos sufriendo, sin comida, sin agua. Se lo pido a la ONU, por favor, vengan para sacarnos de aquí, para socorrernos. Estamos muriendo, cada minuto”, exclama en inglés un hombre identificado como George. El martes, Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, denunció las muertes en el desierto y expresó “la profunda preocupación” de la organización.

La tragedia de estos centenares de personas es el último eslabón de una cadena de hechos que se inició con un discurso racista del presidente tunecino Kais Said el pasado mes de febrero. Adaptando una idea sostenida de la franja más radical de la extrema derecha occidental, conocida como la teoría del gran reemplazo, Said dijo que existía un “plan criminal” para cambiar la “composición demográfica de Túnez” y reemplazar su población árabe y musulmana con “hordas” de migrantes subsaharianos negros.

“El presidente abrazó plenamente unas ideas que circulaban en determinados círculos, en las redes sociales, y les dio legitimidad. La consecuencia fue que esos discursos de odio saltaron de las pantallas a la vida real”, explica Ben Amour. Durante los días siguientes se produjeron decenas de agresiones contra personas originarias del África subsahariana, a muchos los expulsaron de sus trabajos y de sus casas. Uno de los puntos de mayor tensión fue Sfax, que posee la mayor comunidad de migrantes subsaharianos. Esta ciudad costera, situada a unos 300 kilómetros al sur de Túnez, es la capital industrial del país y concentra docenas de fábricas que dan empleo a los migrantes.

Según Ben Amour y el líder social subsahariano, en Sfax, grupos criminales aprovecharon el contexto de tolerancia social hacia la violencia racista para organizar redadas en las casas de migrantes y robarles el dinero ahorrado para emprender la ruta migratoria. Esto provocó numerosos incidentes violentos y, a principios de julio, en uno de estos, murió un hombre de nacionalidad tunecina. Fue como respuesta a este hecho que las autoridades decidieron los días siguientes deportar a centenares de personas a las fronteras con Libia y Argelia.

“Esta no es una práctica nueva, sobre todo en la frontera de Argelia. Pero nunca antes habían expulsado a tanta gente en pocos días, de una manera tan sistemática”, cuenta Ben Amour, que asegura que se ha documentado la muerte de al menos una veintena de personas en la frontera con Argelia desde el pasado mes de febrero. Su instituto, el FTDES, hace tiempo que denuncia las violaciones de derechos humanos que implica la externalización de las fronteras por parte de la Unión Europea, y su política de brazos cruzados frente a estos abusos. La ONG EuroMed Monitor sostiene que las deportaciones deben ser tratadas como “asesinatos” y pide una investigación internacional independiente.

Fuente: El País

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