En el borde de la Amazonia colombiana, en una aldea indígena rodeada de torres de perforación petrolera, el pueblo siona enfrenta un dilema.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, acababa de anunciar un paquete de asistencia regional de 1,9 millones de dólares. En una comunidad sin servicio de agua corriente, con electricidad intermitente y donde la pobreza es un problema que persiste, cualquier suma de dinero significaría alimento y oportunidades. Pero el programa de asistencia formaba parte de una alianza entre la agencia de Naciones Unidas y GeoPark, una empresa petrolera multinacional. La compañía tiene contratos para perforar cerca de la reserva de los siona, entre ellos uno con el gobierno que extendería las operaciones hasta lo que los siona consideran su tierra ancestral.
De México a Kazajistán, estas alianzas forman parte de una estrategia que no considera a las empresas petroleras como villanos ambientales sino como grandes empleadores que pueden llevar electricidad a las zonas remotas y crecimiento económico a los países pobres y de ingreso medio. La agencia de desarrollo ha usado fondos de la industria petrolera para proveer de agua limpia y capacitación laboral a zonas que de otra manera estarían abandonadas.
Pero documentos internos y decenas de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios muestran que cuando Naciones Unidas se ha aliado con las grandes petroleras, la agencia también ha sofocado la oposición local a la perforación, además de realizar análisis de negocios para la industria y trabajar para que sea más fácil que las compañías sigan operando en zonas sensibles.
“El sector de petróleo y gas es uno de los sectores industriales a nivel mundial capaz de generar los mayores impactos positivos en las condiciones de desarrollo de las personas”, apuntó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2018.
La agencia de desarrollo dijo que apoya la transición a una energía limpia y no alienta la perforación. Pero Achim Steiner, líder de la agencia, dijo que su misión es sacar a las personas de la pobreza y que, a menudo, eso significa trabajar en países que dependen del carbón, el petróleo y el gas. “Tenemos que empezar donde las economías están hoy”, dijo Steiner en una entrevista. “No veo una contradicción, sin embargo hay una tensión”.
Según funcionarios y exfuncionarios, un factor que incrementa esa tensión es la incesante presión para recaudar fondos. La agencia se queda con una parte —entre 3 y 10 por ciento— de las donaciones. Los funcionarios, respaldados por las propias auditorías de la agencia, dicen que eso presiona a los funcionarios de desarrollo para encontrar aliados en sus países asignados, incluso cuando los donantes trabajan en contra de los propios intereses de su agencia.
“Realmente considero que esta publicación es problemática, pues busca presentar a la industria de hidrocarburos bajo una luz favorable”, escribió un empleado de la agencia en un correo electrónico grupal. El informe “estaba perjudicando nuestro mensaje sobre energía sostenible”, decía otro correo electrónico.
Como parte del presupuesto total de 8000 millones de dólares de la agencia, el dinero de la industria de la energía es mínimo: unos 6 millones de dólares al año, según los datos proporcionados por el PNUD. Pero, a nivel local, estos fondos pueden tener efectos enormes.
En ningún otro lugar estos efectos se sienten más que en Colombia, donde las empresas petroleras, el gobierno, los grupos armados y los ambientalistas se enfrentan por el futuro de la Amazonía. La deforestación ha alcanzado niveles récord y amenaza a un bosque tropical que sirve como amortiguador clave contra el cambio climático.
Hasta el año pasado, el pueblo siona, que vive en las orillas del terroso río Putumayo en el sur de Colombia, veía a la agencia de desarrollo de Naciones Unidas como una posible aliada en ese enfrentamiento. La comunidad ya se había beneficiado de un fondo previo procedente de la agencia.
Luego sucedió la alianza con GeoPark.
‘El gran negocio del año’
Mario Erazo Yaiguaje, un líder comunitario de voz suave y exgobernador de la reserva Buenavista, sospechaba que el programa de asistencia del PNUD era un intento encubierto de la petrolera para presionar a su pueblo con el fin de que aceptara su presencia en la región.
Durante generaciones esta región ha sido un escenario de conflictos y los siona perciben a las empresas petroleras como la fuente de sus problemas, al atraer tanto a los rebeldes de izquierda que han atacado los oleoductos de la zona como a los soldados gubernamentales que han sido enviados para resguardar la infraestructura de las compañías. La industria petrolera y el negocio de la cocaína han contribuido tanto a la violencia que la Corte Constitucional de Colombia clasificó a los siona como en “riesgo de exterminio”.
Para Erazo el acuerdo con GeoPark era una táctica. “Una cosa de limpiar el nombre”, dijo. “Cuando nos damos cuenta de que GeoPark le da recursos al PNUD, lo miramos como que hicieron el gran negocio del año”.
GeoPark dice que no tiene interés en perforar en la reserva siona y que ha tomado medidas para abandonar su concesión en el territorio en disputa. Dijo que su alianza con la agencia de desarrollo estaba enfocada en ayudar a las comunidades afectadas económicamente durante la pandemia de la COVID-19. El dinero nunca estuvo destinado para los siona, dijo la empresa.
“Siempre hemos tenido una relación con nuestros vecinos basada en el diálogo, el respeto y la construcción de confianza”, dijo la empresa en un comunicado.
Los siona de Buenavista vieron las cosas de otra manera y empezaron a prepararse para una decisión difícil. Sentado en la primera fila de una asamblea comunitaria el año pasado, ataviado con la túnica blanca tradicional que se reserva para las ocasiones especiales, Erazo escuchaba mientras abogada de la comunidad, Lina María Espinosa formulaba así su decisión:
“Van a recibir una platica que les va a servir para cualquier necesidad familiar”, dijo. “Pero la platica que viene, o la que va a venir más adelante, es de la petrolera”.
‘Alimentar a la bestia’
Erazo comprendía por qué GeoPark querría asociarse con Naciones Unidas. Pero ¿por qué querría una agencia de desarrollo sostenible asociarse con una empresa petrolera?
Los orígenes de estos acuerdos son turbios. A diferencia de Naciones Unidas, la agencia no recibe aportaciones de los Estados miembro. Sus donaciones provienen en su mayor parte de gobiernos y grandes fondos internacionales. Los grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates y las empresas privadas conforman el resto.
Algunos exfuncionarios dicen que la relación actual con las grandes compañías energéticas puede remontarse a una pelea con uno de los mayores benefactores de la agencia, un fondo sin fines de lucro llamado Global Environmental Facility que reúne dinero de los gobiernos para atender los principales desafíos del planeta.
En 2011, Monique Barbut, la principal ejecutiva del fondo en ese momento, se convenció de que el PNUD estaba demasiado enfocado en recaudar fondos y tenía poco que mostrar como resultados. “Esta gente no era responsable ante nadie”, dijo Barbut en una entrevista. Y empezó a recortar el financiamiento.
Esos recortes coincidieron con los efectos persistentes de la crisis financiera global y un aumento en la demanda de ayuda para el desarrollo. Así que la agencia reforzó sus labores de recolección de fondos. Entre los objetivos estaban las empresas de energía.
Funcionarios de desarrollo, que operan con amplia autoridad en sus países asignados, recuerdan la presión constante para conseguir dinero.
“Es un sistema centrado en alimentar a la bestia”, dijo Benoit Lebot, quien trabajó en proyectos ambientales durante ese periodo. Lebot dijo que estalló con sus supervisores: “¡No soy un número en una hoja de cálculo!”. Y terminó por renunciar.
Incluso hoy, los integrantes del personal dicen —y lo reiteran las formas de evaluación de desempeño— que los supervisores priorizan la recaudación de fondos y el lanzamiento de proyectos. “¿Cuántos proyectos conseguiste? ¿Cuánto dinero trajiste?”, dijo Dominic Rasool, quien renunció a su trabajo de asesor técnico en 2018. Si los proyectos tenían éxito o no, dijo, importa menos.
Steiner, el principal ejecutivo de la agencia, no se disculpa por el enfoque en la recaudación de fondos.
No obstante, evaluadores actuales y anteriores dicen que, cuando sí identifican problemas, Naciones Unidas y funcionarios gubernamentales locales a menudo los presionan para que suavicen sus conclusiones.
“La mayor parte del tiempo se hace de forma elegante”, dijo Roland Wong, quien evaluó proyectos para la agencia durante más de una década. En otras ocasiones los cambios son más indignantes. “Las evaluaciones pueden sufrir un embellecimiento grosero al punto que es casi falso”.
Una técnica común, según dijeron funcionarios y exfuncionarios, es presentar los fracasos como “lecciones aprendidas”.
‘Es un engaño’
Steiner habla de que hay que encontrar a las economías donde están y la economía de Colombia depende mucho del petróleo. Es la exportación más importante del país. Cualquiera que busque recaudar dinero para el desarrollo aquí naturalmente hallaría el camino hacia las empresas de combustibles fósiles.
Ese negocio puede significar un ducto con fuga, donde el análisis de la agencia puede ayudar a prevenir o mitigar un problema medioambiental. En otras ocasiones el riesgo de negocio puede ser una comunidad molesta que se opone a la perforación.
En esas situaciones, los registros muestran que los funcionarios de desarrollo intervienen para calmar las cosas, con el objetivo de asegurar que las operaciones procedan según lo planeado. Como parte de varios proyectos del PNUD, la agencia trabajó con Ecopetrol y el ministerio de hidrocarburos de Colombia para recopilar expedientes de personas en zonas de perforación.
Un informe, en el departamento de Meta, en la zona central del país, fue publicado inadvertidamente en un sitio web del gobierno en 2015. El reporte, preparado para el ministerio del Interior, identificaba a concejales locales y agricultores que tenían un “discurso agresivo” contra la industria petrolera. Se identificaba una iglesia donde, al final de la misa, el párroco “toma los últimos minutos para pronunciar discursos contra la industria”.
Ecopetrol indicó en un comunicado que trabaja con la agencia de desarrollo por su reputación de imparcialidad y para asegurarse de que las comunidades desfavorecidas reciban la atención que merecen.
Steiner dijo que este es un proceso esencial conocido como “mapeo de actores” o de stakeholders. Si los gobiernos van a consultar a la gente en todos los bandos de un tema, hay que identificar a los participantes clave.
Sin embargo, el reporte publicado se enfocaba en los opositores a la industria petrolera. Entre las actividades a realizar del informe resaltan la organización de un foro con integrantes de la comunidad y ambientalistas y “desestimar su discurso”.
El PNUD dijo que, aunque el reporte fue redactado por un contratista de la agencia y se alojaba en el servidor de la agencia e incluía su logotipo, en realidad había sido redactado por solicitud del gobierno colombiano. Por lo tanto, un portavoz de la agencia no quiso comentar el contenido del informe.
Un activista ambiental, Édgar Humberto Cruz, quien fue mencionado en la categoría de “problemático” en el documento, dijo que el PNUD organizó reuniones para destacar los beneficios que Ecopetrol y otras empresas traían a la región. “Nos dijeron que no era conveniente oponerse a la industria”, dijo Cruz.
Un portavoz de la agencia dijo que esas conversaciones no son parte de la política de la agencia.
Hoy la desconfianza en el Meta es profunda.
“Por lo que solo ha llegado aquí, a nuestra región, es a tratar de suavizar a las comunidades para que Ecopetrol pueda entrar a hacer sus trabajos petroleros”, dijo Gustavo Carrión, un líder en Castilla La Nueva, un poblado al noroeste del Meta.
“Pero también de maximizar los beneficios de una industria —a gran escala las industrias extractivas– que es muy significativa y una fuente muy significativa de ingresos para muchos países en desarrollo”, dijo.
Una funcionaria de desarrollo formuló un argumento similar durante una tensa llamada con Erazo y otros sobre la alianza con GeoPark. Naciones Unidas no invitaba a las empresas petroleras a la zona, dijo la funcionaria, Jessica Faieta. Pero “ya que están en estos territorios, podemos nosotros, de cierta manera, garantizar su cumplimiento con los derechos humanos”.
Los siona de Buenavista estaban furiosos. Parecía que Naciones Unidas estaba respaldando a una empresa petrolera, dijo Erazo.
La conversación echó por tierra cualquier esperanza de ganárselos. Los siona presentaron una queja formal con la agencia, devolvieron un fondo previo y juraron jamás volver a aceptar ayuda del programa de desarrollo.
La alianza con GeoPark, dijo, fue “la muerte de esa organización para nosotros”.
Hoy, a lo largo de las riberas del Putumayo, Erazo anticipa los problemas que van a presentarse. La inflación ha disparado los costos de alimentos. Los precios de gasolina han hecho que incluso la transportación sencilla se vuelva difícil.
Una relacióncon el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ciertamente tendría beneficios.
Pero no se arrepiente.
La agencia de desarrollo canceló la alianza con GeoPark y ahora está investigando por qué se involucró con la compañía si los agravios de los siona ya eran tan conocidos.
“Creo que esa es una crítica legítima”, dijo Steiner. Y añadió: “Sabe, hemos aprendido lecciones”.
Sarah Hurtes es una periodista con sede en Bruselas. Se unió al equipo de investigaciones internacionales del Times en 2022. @HurtesSarah
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
