Javier Milei, sin Congreso y sin DNU. Caricatura Pablo Temes
Si Javier Milei hubiera aceptado convertir al decreto en una ley, ahora podría ser Javier “Algunaley”, pero sigue siendo “Sinley”. Mientras tanto, pasaron 95 días y tiene las manos vacías: sin la ley ómnibus y con un decreto herido de muerte en los vericuetos de la Justicia.
En primer lugar, el Gobierno parte del supuesto de que se puede vivir haciendo un permanente bypass a las instituciones. Pero cuando no se tiene el Poder Legislativo a favor sólo hay tres escenarios posibles:
- El Gobierno cierra el Parlamento (Fujimori) o mete presos a legisladores (Correa).
- Negocia como puede y utiliza hasta el último milímetro del poder presidencial.
- Sale volando por la ventana (Castillo, Lasso).
Pese a todo, Milei sigue confiando en el supuesto apoyo que le brinda «la gente común», a la que ha embaucado con dos argumentos principales:
- El ajuste lo va a pagar «la casta».
- Él aplicaría «la motosierra» a todo el sistema de prebendas estatales.
Para ser electo, Milei logró que todos sus votantes creyeran que «la casta» significaba «los políticos», cuando en realidad sus acciones en estos casi 100 días de gobierno han demostrado claramente que el ajuste brutal que ha emprendido lo sigue abonando la «gente de a pie» (jubilados, docentes, trabajadores en general). Y quedó claro también que la motosierra se aplica a los estratos inferiores del aparato estatal, pero que las ventajas de pertenecer (integrar la clase de «gente de bien») siguen vigentes y están siendo aprovechadas a full por el ejército de los cielos, cuya esotérica medium y tarotista no se priva de pagar 1.800 dólares para escuchar a Luis Miguel.
La secretaria General de la Presidencia, hermana y «Jefa», Karina Milei, súper producida y feliz, preparada para escuchar a Luis Miguel.
El Presidente ha olvidado que, sin resultados a la vista, tarde o temprano la opinión pública cambia, más aún en situación de crisis grave. Por ello, suponer que esas declamaciones vacías que le fueron útiles para ganar le van a servir también para que los que sufren la crisis le otorguen un pagaré a varios años, suena demasiado optimista.
La realidad marca límites. En democracia no se puede hacer cualquier cosa. Las instituciones ponen límites. El FMI y los gobernadores piden consensos que no sean actos de marketing sino soluciones concretas que Milei y Caputo -parece- no están en condiciones de ofrecer.
Nadie puede discutir que la Argentina precisa muchos cambios. Posiblemente esa necesidad imperiosa de los votantes los llevó a elegir como presidente a quien no cuenta con las herramientas para realizarlos. Las modificaciones importantes y sustentables en el tiempo requieren la aprobación del Congreso y, para lograr esos acuerdos, el Presidente no sólo debe tener un caudal propio de legisladores, también tiene que tener la capacidad de seducir a parte de la oposición, mucho más en este siglo XXI de fragmentación de los partidos políticos. Es evidente que Milei cree que se puede gobernar a los hachazos para imponer esos cambios, pero es la realidad la que se está imponiendo sobre su capricho, y crece la hipótesis de un Javier Milei renunciante, abrumado por los rechazos a sus políticas por el Congreso, la Corte Suprema y “la calle” (manifestaciones en su contra, como las de 2001 contra De la Rúa/Cavallo).
Si su obstinación le impidiera renunciar, podría darse una destitución por “mal desempeño de las funciones” en un juicio político, que requiere los votos de dos tercios de los diputados para que prospere y dos tercios de los senadores (siempre de los presentes y no del total del cuerpo). El juicio político (artículo 60 de la Constitución) es solo para presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema. Dado que el “mal desempeño” es totalmente subjetivo en el caso de un presidente, un juicio político solo prosperaría frente a una situación que haga inviable el gobierno y en ese caso, es probable que el presidente o la fórmula presidencial renuncien como sucedió en el caso de De la Rúa y luego de la renuncia de su vicepresidente Chacho Álvarez.
Pocas horas antes de renunciar, De la Rúa convocaba a los partidos políticos a «acordar, con el Poder Ejecutivo, las reformas políticas que sean necesarias». No alcanzó.
Correspondería entonces la aplicación de la Ley de Acefalía. En una Asamblea Legislativa los diputados y senadores por simple mayoría de los presentes eligen a quien ocupará la presidencia hasta terminar el mandato del renunciado o destituido. El elegido debe ser diputado, senador o gobernador de provincia.
El artículo 4 de la Ley de Acefalía expresamente aclara: “El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos no será considerado a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional”. O sea que quien fuera electo para “ejercer el Poder Ejecutivo” tendría la posibilidad de participar como candidato a presidente en 2027 y, de resultar elegido, podría competir para su reelección en 2031. Ese diputado, senador o gobernador de provincia -si fuera exitoso en su desempeño-, tendría la posibilidad única de más de once años de mandato, lo que haría ese cargo muy codiciado por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso.
Es de esperar que, si esto sucediera, el pueblo tuviera la oportunidad de influir en la decisión de los legisladores, aunque la Constitución nacional es muy clara al respecto: «Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución».
Por ahora, Milei, aprovechando el antiperonismo visceral que aqueja a una buena parte de la sociedad argentina, todavía logra echarle la culpa al gobierno anterior y a «la casta política y empresarial» por la situación que padecen gran parte de los argentinos.
Pero como sabemos, las lunas de miel solo duran seis meses. Milei promete para esa fecha canasta de monedas y estabilidad. Veremos.
Fuente: Perfil – Jorge Fontevecchia (Cofundador de Editorial Perfil – CEO de Perfil Network) – Hugo Haime (Consultor y analista político) – Carlos Fara (Consultor político) – Propias
