La baja de contratos en las estructuras del Estado nacional se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos, y en Aerolíneas Argentinas se abrió un proceso de retiros voluntarios.
Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.
Contratos por 90 días
Los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de un recorte mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.
Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.
En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles.
“Son varios miles los que se van a ir”, anticipó un funcionario de la Casa Rosada que sin embargo no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.
Fuente: Trabajadores de TELAM – NA – La Nación – el Cronista – Propias
