El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a los legisladores en la Knéset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el lunes 18 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
El máximo tribunal mundial para crímenes de guerra emitió este jueves orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusándolo de crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza que comenzó hace 13 meses. En las órdenes se indica que hay motivos para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, han utilizado “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y han atacado intencionalmente a civiles en la campaña de Israel en Gaza, acusaciones que los funcionarios israelíes niegan.
La acción de la Corte Penal Internacional se produjo mientras el número de muertos por la campaña de Israel en Gaza superó las 44,000 personas, según autoridades sanitarias locales, quienes afirman que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. Su conteo no diferencia entre civiles y combatientes.
Netanyahu condenó la orden en su contra, y dijo que Israel “rechaza con disgusto las absurdas y falsas acciones” del tribunal. En un comunicado emitido por su oficina, dijo que “no hay nada más justo que la guerra que Israel ha estado librando en Gaza”.
Es la primera vez que un tribunal de justicia mundial acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a un dirigente en ejercicio de uno de los principales aliados de Occidente. La decisión convierte a Netanyahu y a los otros imputados en sospechosos buscados internacionalmente, y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto.
Esta acción “representa el paso más drástico hasta ahora en la participación del tribunal en el conflicto entre Israel y Hamás”, dijo Anthony Dworkin, investigador sénior de políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
Líderes, políticos y funcionarios israelíes de todo el espectro criticaron las órdenes y a la CPI. El nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, quien reemplazó a Gallant a principios de este mes, dijo que la decisión del jueves es “una desgracia moral, completamente manchada por el antisemitismo, y arrastra al sistema judicial internacional a un mínimo sin precedentes”.
La decisión se produce seis meses después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitara las órdenes.
La CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás, por los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva militar de Israel en Gaza. Indicó que halló motivos razonables para creer que Deif participó en casos de asesinato, violación, tortura y toma de rehenes, que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel murieron alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y unas 250 fueron tomadas como rehenes. Alrededor de 100 israelíes siguen cautivos en Gaza, y se cree que cerca de un tercio de ellos han muerto.
Las órdenes de aprehensión contra Netanyahu y Gallant fueron emitidas por un panel de tres jueces en una decisión unánime. El panel dijo que había motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad por el crimen de guerra de hambruna y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
Los jueces dijeron que la falta de alimentos, agua, electricidad, combustible y suministros médicos específicos crearon condiciones “calculadas para provocar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”, incluidas las muertes de niños por desnutrición y deshidratación.
Funcionarios diplomáticos israelíes dijeron que el gobierno está presionando a la comunidad internacional para que se pronuncie en contra de las órdenes y está considerando una apelación al tribunal. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato a la espera de una decisión formal sobre cómo procederá el gobierno.
A pesar de las órdenes, es poco probable que los sospechosos enfrenten pronto a los jueces en La Haya. Los países miembros están obligados a detener a los sospechosos que enfrentan una orden si pisan su suelo, pero el tribunal no tiene forma de hacer cumplir ese mandato.
Aun así, la amenaza de arresto complica cualquier viaje al extranjero por parte de Netanyahu y Gallant, incluso a aliados cercanos de Israel. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que las órdenes son vinculantes para los 27 países miembros de la Unión Europea.
Francia señaló que podría arrestar a Netanyahu si llegara a su territorio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Christophe Lemoine, lo calificó como un “asunto legal complejo”, pero dijo que Francia apoya las acciones del tribunal.
“Combatir la impunidad es nuestra prioridad”, dijo. “Nuestra respuesta se alineará con estos principios”.
Hamás, en un comunicado, acogió con beneplácito las órdenes contra Netanyahu y Gallant pero no mencionó la orden contra Deif.
Los líderes de la oposición en Israel criticaron ferozmente la medida de la CPI. Benny Gantz, general retirado y rival político de Netanyahu, dijo que la orden mostraba “ceguera moral” y era una “mancha vergonzosa de proporciones históricas que nunca será olvidada”.
La campaña militar de Israel ha causado una enorme destrucción en toda Gaza, ha diezmado varias partes del territorio y ha expulsado de sus hogares a casi toda la población de 2,3 millones de personas, haciendo que la mayoría dependa de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Dos días después del ataque de Hamás en el sur de Israel, Gallant anunció un asedio total en Gaza, prometiendo no dejar entrar alimentos, combustible u otros suministros. Bajo presión de Estados Unidos, Israel comenzó a permitir la entrada de pequeñas cantidades de ayuda humanitaria unas semanas más tarde.
Israel afirma que no pone límite a la cantidad de suministros en Gaza, y culpa al sistema de distribución de la ONU. Pero las cifras oficiales de Israel muestran que la cantidad de ayuda que ha permitido entrar ha disminuido desde principios de octubre. La ONU ha culpado a las restricciones militares israelíes, junto con la anarquía generalizada que ha llevado al robo de envíos de ayuda.
El caso en la CPI es independiente de otra batalla legal que Israel libra en el principal tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, en la que Sudáfrica acusa a Israel de genocidio, un cargo que los líderes israelíes niegan rotundamente.
Los abogados de Israel argumentaron en la corte que la guerra en Gaza es una defensa legítima de su pueblo y que los culpables de genocidio son los combatientes de Hamás.
Los periodistas de The Associated Press Raf Casert en Bruselas, Mike Corder en La Haya y Josef Federman en Jerusalén contribuyeron a este despacho.
