Juan Manuel Olmos, asesor presidencial
Días atrás, el presidente Alberto Fernández reconoció en una entrevista que se evalúan nuevas estrategias a partir de la decisión del presidente de la Corte provincial: «Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown (que el juez imponga una propuesta de salvataje, pese a la oposición de algunos acreedores) y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo», dijo Alberto. El sorpresivo per saltum redactado por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien pidió que se le entregue el expediente del concurso que se tramitaba en los tribunales de Reconquista, suspendiendo los plazos, dio un giro inesperado a la situación.
En el gobierno de Santa Fe sospechan que detrás de la decisión de Gutiérrez de pedir el expediente y frenar el concurso, estuvo el flamante interventor de la AFI, el santafesino Agustín Rossi, aliado al senador Armando Traferri quien a su vez tiene un vínculo estrecho con el presidente de la Corte local. Las fuentes consultadas sostienen que Rossi, como arquitecto del plan, le acercó la propuesta al presidente.
A partir de allí, el tema entró en evaluación en una mesa chica activada por la Casa Rosada que integran la diputada Victoria Toloza Paz, Wado de Pedro y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos (fotografía de la nota). No descartan que una vez que se acuerde el camino a seguir, el anuncio oficial lo haga el flamante ministro de Producción, Daniel Scioli.
La participación de Olmos es importante, no solo porque es uno de los hombres de mayor confianza con el presidente sino también porque fue el encargado de desactivar la bronca que se generó en el sector agrícola en el fallido intento de estatización en junio de 2020.
En ese entonces, Olmos se encargó de hablar con cada uno de los sectores afectados por la caída de Vicentín y diseñó una salida elegante del tema que había generado una crisis política importante en medio de la pandemia. La misma fue elevada a la vicepresidenta Cristina Fernández que dio el aval para la marcha atrás.
Además, Olmos tiene contactos estrechos en la justicia. Este martes, el Juez Federal de Rosario, Carlos Vera Barros, hizo lugar al pedido de la «Red Argentina Consumidores» para impedir la venta de los activos de Vicentín a los socios estratégicos (ACA, Viterra y Bunge) como sucedió con las plantas de Renova donde el directorio le cedió el 60% de las acciones de las modernas terminales a la ex Glencore (Viterra) que derivó de un pedido de detención preventiva del presidente del directorio Omar Scarel que puso sortear con el pago de una caución de 500 mil dólares.
En cuanto a la propuesta, no se conocieron detalles pero fuentes santafesinas al tanto de la discusión sobre la empresa, no descartan que se incluya en un nuevo esquema societario a YPF Agro y el Banco Nación, el principal acreedor del concurso con una deuda que supera los 300 millones de dólares.
Se habla incluso de la creación de un fideicomiso, similar al que planteó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, cuando el anuncio de estatización de parte de Alberto Fernández se empantanó y generó una pueblada en la localidad de Avellaneda, donde está la sede de Vicentín.
Ahora, las fuentes consultadas aclaran que no se trataría de una estatización en stricto sensu ya que YPF Agro y el Banco Nación son empresas con su propia personería jurídica, con participación estatal, una manera de evitar que la movida reactive una pelea ideológica que amenazó con disparar otra crisis con el campo como en 2008 con el aumento de retenciones.
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