El escándalo Odebrecht es la mayor trama de sobornos conocida hasta hoy en América Latina: 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales que la firma Odebrecht pagó a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra.
Ahora, el Ministerio Público le pide al juez Ismael Moreno, a cargo de la investigación, que amplíe sus pesquisas e impute a los responsables de la empresa DSC Maganement por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.
La base de la denuncia es una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un contrato (el soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires) que, en su día, el Ministerio de Transporte de Argentina adjudicó a una UTE conformaba por Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa, por entonces de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
En Buenos Aires hay una causa judicial abierta por presuntos sobornos en esta emblemática obra. Están implicados Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los «intermediarios», Manuel Vázquez y Jorge «Corcho» Rodríguez, entre otros empresarios y funcionarios.
«Los sobornos tenían como finalidad asegurarse la adjudicación del contrato», reza el pedido de imputación del Ministerio Público de Madrid. Los empresarios en cuestión fueron el «canal de blanqueo» de la operación ilegal entre Odebrecht y Argentina, según el texto.
La investigación de la OCDE tiene un nombre propio: el del empresario argentino Gustavo Arribas, ex jefe del Servicio de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Un arrepentido confesó que se transfirieron 850 mil dólares a una cuenta de Suiza que estaba a su nombre.
Arribas ya había sido mencionado por el operador cambiario y financiero brasileño Leonardo Meirelles -también arrepentido- por una transacción similar: un giro de más de medio millón de dólares a esa misma cuenta suiza como «premio» por destrabar la licitación a favor de esta UTE.
Fuente: El País – LPO
