Golpe de timón
Frente a este panorama, el Kremlin ha dado un golpe de timón. Las administraciones militares impuestas por Rusia en cuatro regiones ocupadas han anunciado que celebrarán en los próximos días plebiscitos para su anexión a Rusia. Las autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donetsk han proclamado que sus referendos tendrán lugar del 23 al 27 de septiembre. También las autoridades militares de Zaporiyia y Jersón han anunciado sendas consultas en las mismas fechas —en las zonas que controlan— y sin ninguna supervisión internacional.
Estas votaciones son solo un trámite, pues es imposible garantizar un referendo en plena guerra y con gran parte de la población exiliada o movilizada en el frente. Sin embargo, guardan un objetivo militar detrás: si Kiev avanza en territorio considerado ruso por Moscú, como sucede ya con Crimea, podría intentar escalar el conflicto.
“Todo lo que está sucediendo es un ultimátum totalmente inequívoco de Rusia a Ucrania y Occidente. O Ucrania se retira o [amenazará con] una guerra nuclear”, afirma en su canal de Telegram la politóloga Tatiana Stanovaya. “Putin quiere obligar a Kiev a rendirse sin luchar”, añade antes de explicar que el curso de los acontecimientos apunta a que primero tendrá lugar la adhesión, luego una intensificación de los combates, y finalmente “la movilización y la amenaza de utilizar armas nucleares si Ucrania se niega a retirarse”. “Putin ha confiado en la escalada, y ahora todo esto se está implementando de manera práctica”, advierte Stanovaya, quien cree que ahora es el turno de los expertos militares.
La politóloga Ekaterina Shulman considera que la anexión del territorio que Moscú aún controla podría ser un intento de acuerdo entre Putin y sus socios asiáticos para terminar la guerra lo antes posible. La experta advierte de que para esa paz “solo es necesaria una condición: que nadie del otro lado interfiera”. Es decir, que Ucrania renuncie a recuperar el territorio y la población que le arrebató Rusia. En su opinión, si Kiev continúa en su lucha, “nada habrá cambiado sobre el terreno” y cada bando mantendrá “las mismas armas y capacidades”.
Más pasos hacia la movilización
Putin se ha negado hasta ahora a decretar la impopular movilización general para ir al frente. Su fórmula para su ofensiva sobre Ucrania, la llamada operación militar especial, presenta vacíos legales que han permitido que muchos militares rusos se permitieran rechazar ir a combatir. Estos otkázniki (algo así como “objetores”, en ruso) alegan razones como que al no ser una guerra no están obligados por contrato a ir al frente o que no tienen autorización para cruzar la frontera.
Ahora, el Parlamento ruso cierra algunos de estos vacíos en caso de que sea decretada una movilización o un estado marcial. La Duma Estatal aprobó este martes las enmiendas por unanimidad y a toda velocidad: en una mañana se liquidó la segunda y la tercera lectura obligatorias del proyecto de ley.
Esta reforma prevé nuevas penas de prisión para los militares que se rindan, de hasta 10 años de cárcel, o que abandonen sus posiciones. Según destaca el abogado de derechos humanos Pavel Chikov, no aparecer dos días en el puesto, por ejemplo, implicará hasta cinco años de cárcel y no uno, como contemplaba la ley actual.
Asimismo, se refuerza el castigo a quienes incumplan órdenes de sus superiores “durante un periodo de ley marcial, en tiempo de guerra o en condiciones de conflicto armado u operaciones de combate”, así como la negativa a participar en actividades militares. En estos casos, el militar podrá ser condenado a entre dos y tres años de prisión.
La preparación para una economía de guerra también está prevista en las nuevas enmiendas. Se introduce una pena de cárcel de cuatro a ocho años para los empresarios que rechacen dos veces firmar un contrato con las Fuerzas Armadas, y si este es incumplido, la estancia en prisión puede alcanzar los 10 años.
Fuente: El País
