Por Roberto Pico
El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezó hoy su primera reunión de trabajo en el salón Belgrano del 5to. piso del Ministerio junto a secretarios y subsecretarios de su cartera, con quienes analizó la implementación de las medidas anunciadas.
El nuevo jefe del Palacio de Hacienda y sus colaboradores pusieron foco en el andamiaje necesario para llevar adelante las propuestas y analizaron otras posibles decisiones para fortalecer la hoja de ruta presentada.
Massa lanzó ayer los que serán los lineamientos de su política económica pero adelantó que se irían complementando con nuevas medidas que se conocerían con el correr de los días.
Con ese foco reunió hoy en la mañana con su gabinete que en pleno se hizo presentó en el Palacio de Hacienda.
Si bien ayer se conoció la dirección de su gestión queda por determinar, por ejemplo, cómo se hará la segmentación tarifaria tanto para el caso de la energía como del gas.
A su vez, deberá ajustar las cuentas públicas para cumplir con el 2,5% de déficit acordado con el FMI que se comprometió a respetar.
Asimismo, deberá definir cuál es el refuerzo de ingreso que se le adicionará a los jubilados al momento que se anuncie el ajuste por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Otro de los anuncios de Massa fue una convocatoria a empresarios y representantes de los trabajadores para acordar una mejora en los ingresos.
En ese marco, el Gobierno publicó hoy el decreto para que el 18 de agosto se reúna el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV) para fijar un nuevo monto.
El ministro había puesto el foco en aquellos trabajadores que ganan entre $ 50 y $ 150 mil a quienes consideró que más los afectó la escalada de precios.
Si bien el consejo debatirá el nuevo SMV se espera que durante esas conversaciones se logre consenso para una mejora general.
Por otra parte, restan aún conocer los detalles del canje de deuda voluntario que estará abierto hasta próximo martes y que, según dijo Massa, ya cuenta con el 60% de adhesión.
Otro punto de debate importante es la forma en que se auditarán los planes sociales, lo cual ya generó rechazo entre las organizaciones sociales que los administran.
