La criminalización de la protesta y la habilitación de la represión y detenciones sin orden judicial, forman la estrategia del gobierno frente a los efectos del ajuste. A las fuerzas de seguridad les ofrece, además, la ampliación de la legítima defensa para que puedan disparar armas de fuego a discreción. Como preámbulo, tal vez como excusa, la ministra de Seguridad había empezado su speech con una grandilocuente propuesta de «Ley Antimafia», en el contexto de la violencia y el narcotráfico en Rosario. Sumó una ley de «reiterancia» para que quede preso/a quien comete un delito por segunda vez («Si reiterás el delito, vas preso», dijo, sin aclarar como aplica el principio de inocencia) y un registro de ADN para cualquiera que quede detenido/a, no sólo para los delitos sexuales.

Bullrich englobó todos los temas bajo el concepto de «la situación de inseguridad que esta viviendo la Argentina» pero no explicó qué tiene que ver con la protesta social. Ni dio precisiones de cada proyecto. Dijo que aunque se conformó la comisión para diseñar una Reforma del Código Penal –donde hay dos funcionarios de su cartera–  el Gobierno quiere apurar algunas cuestiones. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa qué pasa si no consiguen apoyo del Congreso, respondió a lo Javier Milei, como si la receta libertaria fuera la única: «¿Quién no va acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?»

Contra la protesta

La ministra enfatizó que su gran objetivo es lograr con una reforma al Código Penal, que no se logró por la Ley Bases, «el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas». Aludió al artículo 194 que en el proyecto original prevé que por participar en un corte de uno a tres años y medio de cárcel (hoy es de tres meses a dos años), lo que podría llevar a cumplir prisión efectiva. Añade agravantes de dos a cuatro años.

El mensaje es que manifestarse puede llevar a la cárcel. Además, lo transforma en un delito en flagrancia, lo que permite a las fuerzas de seguridad actuar a discreción sin orden judicial. Para quienes «dirijan, organicen o coordinen» una manifestación que entorpezca la circulación el proyecto estipulaba de tres a seis años de prisión.

Otra vez Bullrich hizo gala de la línea 134 del Ministerio que, según ella, recibió 150.000 denuncias por presiones para manifestarse. No se conoce el mecanismo de esos reclamos ni si son todos casos reales. Mencionó que una de las investigaciones por esto está a cargo del juez federal Ariel Lijo, el candidato a la Corte Suprema que presentó Milei. Otro tema que introdujo: «Está agravado impedir que una empresa trabaje»; los «bloqueos al comercio y la industria», se castigarían con cuatro a seis años de cárcel. Así limitan el derecho a huelga.

Siguió: «Hoy le pegan a un policía (en una manifestación), le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad». Se refiere al delito de atentando y resistencia a la autoridad, una figura harto utilizada para «cazar» manifestantes y atribuirles acciones nunca probadas. Hoy esa figura tiene prisión de prisión de un mes a un año o con agravantes puede llegar a seis años. Otra amenaza de cárcel efectiva.

Licencia para matar

En línea con el retorno da «doctrina Chocobar» (por Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un joven que hirió y quiso robar a un turista) que Bullrich plasmó en el  nuevo reglamento que flexibiliza el  armas de fuego para la policía y las fuerzas, anunció un proyecto más sobre «legitima defensa y cumplimiento del deber», que ya fue ensayado también en la ley Bases. Lo que hace es ampliar para los agentes el uso de armas de fuego cuando crean necesario y aunque el agresor tenga un arma de juguete o se esté escapando sin representar peligro. El supuesto es que siempre va a disparar en cumplimiento del deber. «Queremos cambiar la idea de que los policías son victimarios y víctimas los que comienzan el hecho delictual», espetó la ministra.

Bullrich y Chocobar, el policía que mató por la espalda a un ladrón que huía.

«De esta manera, estiran el concepto de legítima defensa para que más situaciones de uso de la fuerza por parte de policías sean consideradas cumplimiento del deber y queden por fuera del control judicial. Incluso así le marcan la cancha al Poder Judicial para debilitar el control sobre la actuación policial y que no tengan que rendir cuentas por el uso de armas letales», alertó Manuel Tufró, director del Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. La ministra dobló la apuesta al regodearse: «No vamos a permitir la querella contra el Estado de las familias de los delincuentes si mueren».

«No parece que ninguna de las propuestas anunciadas vaya a mejorar la seguridad de la vida de la gente y meter la criminalización de la protesta es un despropósito. No genera ninguna inseguridad, en todo caso hace que haya gente que no llegue a un lugar a la hora que previó. Todo es una excusa para levantar  derechos ganados y que la policía actúe con discrecionalidad», evaluó la exministra de Seguridad Sabina Frederic.

Ley Antimafia

Como quien vende un producto, la ministra se refirió a un proyecto de «Ley Antimafia» para el que dijo haberse inspirado en el «código antimafia italiano» y en la «Ley Rico usada en Estados Unidos y que fue adoptada en el Salvador para combatir a las maras». Formuló la explicación varias veces hasta llegar a esta: «La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización». «Todos van a tener la misma pena máxima», insistió. «Quien transporta las drogas, quien las vende, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero», ejemplificó. Aclaró que «si no se determina una pena máxima el delito será de una pena de entre ocho y doce años».  Buscan, sostuvo, «un modelo superador de la asociación ilícita cuando las organizaciones usan métodos de extorsión, muerte y reemplazo de la ley».

Todos culpables por igual, desde el Jefe hasta el cadete. ¿Y la presunción de inocencia? Bien, gracias.

Citó el caso de una mujer de la organización «Los Monos» en Rosario que estaba libre con tobillera electrónica y fue atrapada vendiendo droga (narcomenudeo). En la teoría Bullrich debería tocarle la misma pena que al que mata o lava plata. Anunció que la ley permitirá detenciones por averiguación de delitos, retenes para requisas, incautación de mercadería, rastrillajes, interceptación de comunicaciones. Sólo en este  último caso mencionó la autorización judicial. Agregó que habrá un sistema de «extinción de dominio» para quitarles «propiedades y dinero». Definió «organización criminal» o «mafiosa» como «aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo», «genera pánico» y busca «infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad». Aludía a la policía y fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Pero sin mencionar que a veces han sido parte del problema.

Bullrich desea reeditar la épica de «Los Intocables» de Eliot Ness

Tufró planteó dudas: «¿Cómo se probaría la pertenencia a algo presentado de modo tan difuso? Además, en las bandas hay niveles diferenciados de responsabilidad y de delitos. No queda claro si se usará un agravante». Frederic sostuvo que la idea de «ley antimafia» va de la mano con la modificación para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, con la justificación es la violencia en Rosario. «Hay dificultad para precisar qué es terrorismo o narcoterrorismo El riesgo es confundir justos con pecadores, hacer redadas indiscriminadas y que terminen convirtiendo al Estado en terrorista», advirtió.

La ley Rico estadounidense (ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas) es un sistema distinto, que establece cargos específicos cuando a partir de la investigación de una persona por un delito se descubre una cadena de delitos en años previos y una «empresa criminal» que se infiltra en la actividad económica. Pero no contempla las mismas responsabilidades para todo el que participe. Tampoco lo hace la ley italiana, que diferencia entre miembros y organizadores. Esta norma agrega a la asociación ilícita una agravada «de tipo mafioso». «Esa fue una de las primeras implementaciones en Italia. Para determinarla toma elementos sociológicos de actuación de las mafias del en el sur de Italia, que son la intimidación y la omertá (o ley del silencio)», explica Fernando Vallone, master en combate a la criminalidad organizada por la Universidad de Pisa, Italia. Señala que es «un buen punto de partida», pero aclara que en ese país requirió «organismos de investigación y persecución especializados» y «técnicas de investigación del rastro económico del delito». Hay direcciones distritales antimafia, policía judicial específica, prevención y hay fiscales especializados desde 1988″.

Vale aclarar que en El Salvador, con el modelo de Nayib Bukele que endiosa Bullrich, rige un estado de excepción, que es muy otra cosa: hay detenciones de a miles, por suposición de vínculos y tatuajes, y actúan «jueces sin rostro» (no se identifican) y se meten testigos por la ventana.