Los grandes debates internacionales en materia fiscal tienen que pasar antes por Estados Unidos y, desde ahí, continuar su camino hacia otras economías del mundo como Alemania, Francia, Italia o Japón. Por eso, este jueves, casi una veintena de antiguos jefes de Estado y de Gobierno de varios países han solicitado por carta al presidente estadounidense, Joe Biden, y al resto de los líderes del G-20, un apoyo formal al nuevo plan que prevé un gravamen especial sobre las 3.000 personas más ricas del mundo, con el objetivo de recaudar hasta 250.000 millones de dólares adicionales (unos 231.000 millones de euros) a nivel global.
Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Carlos Slim, Larry Page, Larry Ellison, Sergey Brin, son las diez personas más ricas del mundo.
“Gravar a los ultrarricos cuenta con un sólido apoyo popular en todo el mundo y en todos los espectros políticos, incluso entre los propios ultrarricos. El liderazgo del G-20 fue vital para lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo a las empresas. Ahora es el momento de hacer lo mismo para las grandes fortunas”, reza la misiva firmada por los dos expresidentes socialistas del Gobierno de España, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. A ellos se le unen nombres como Dominique de Villepin, Stefan Löfven, Jan Peter Balkenende, Yorgos Papandreu y Julia Gillard, ex primeros ministros de Francia, Suecia, Países Bajos, Grecia y Australia, respectivamente. También suscriben la carta Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Kim Campbell, ex primera ministra de Canadá, o Alfred Gusenbauer, excanciller de Austria, entre otros.
Los líderes políticos explican en el documento que las grandes fortunas de todo el mundo “pagan una tasa impositiva más baja que los maestros y los limpiadores”. A nivel global, argumentan, los multimillonarios abonan el equivalente a menos del 0,5% de su riqueza, lo que provoca que miles de millones de euros “que podrían haber sido invertidos productivamente en educación, salud o infraestructuras” hayan sido “acumulados improductivamente por los ultrarricos”.
El resultado de esta espiral es “la extrema desigualdad”, un fenómeno que lleva a que “demasiadas personas sientan que el contrato social está roto y que sus democracias los han dejado atrás”. Por todo ello, la propuesta fiscal es “estratégica y necesaria”.
Hace un par de semanas, la presidencia brasileña del G-20 presentó las conclusiones de un informe encargado al célebre economista francés Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. El documento en cuestión propone que las personas con una riqueza total de más de 1.000 millones de dólares (unos 935 millones de euros) paguen al menos el 2% de su patrimonio total para que los Estados tengan recursos adicionales por valor de entre 200.000 y 250.000 millones.
El economista francés Gabriel Zucman
El plan, según el propio Zucman, ha sido respaldado ya por España, Francia, Brasil, Sudáfrica, Colombia y Bélgica, entre otros. Y para su viabilidad, bien lo saben los líderes internacionales, vendría muy bien un balón de oxígeno procedente de Washington y del resto de capitales de las grandes economías. “Rara es la propuesta que nos pide unirnos como exlíderes y que reconocemos como políticamente posible. Esta, claramente, lo es”, añaden los firmantes en la misiva, coordinada por el Club de Madrid y Oxfam Intermón.
El plan de Zucman prevé que los contribuyentes con una riqueza total de más de 1.000 millones entre inmuebles, acciones, participaciones en empresas y otros bienes, paguen al menos el 2% de su patrimonio total, siempre y cuando no contribuyan ya a la hacienda pública en esa cuantía a través de impuestos personales sobre la renta. El marco, al igual que ha sucedido con el mínimo global del 15% en sociedades, también permitiría a los países aplicar mecanismos de última instancia para exigir la parte correspondiente del gravamen en el caso de que otras jurisdicciones renuncien a los ingresos.
La propuesta parte de la base de que el 2% exigido se calcule sobre la riqueza y no sobre los ingresos de los altos contribuyentes, ya que se trata de una magnitud más difícil de manipular y ocultar. En este escenario, la recaudación adicional prevista implica que, de media, los ultrarricos abonaran 80 millones por cabeza. Si el marco se ampliara a las personas con un patrimonio neto superior a 100 millones de dólares, se obtendrían entre 100.000 y 140.000 millones de dólares al año adicionales; si la tasa fuera del 3%, la recaudación se movería entre los 550.000 y los 690.000 millones de dólares, de los cuales el 55% procedería de los milmillonarios.
Coordinación global
En la carta, dirigida a líderes como Joe Biden, el canciller alemán, Olaf Scholz, o el nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, los firmantes insisten en la necesidad de la coordinación global. Para ello, utilizan el ejemplo del nuevo mínimo global del 15% para las multinacionales que se ha acordado en el marco de la OCDE.
“La acción nacional es indispensable. Necesitamos gravar los ingresos de los multimillonarios en cada país”, explican. Sin embargo, añaden, “la acción nacional por sí misma puede llegar solo hasta cierto punto” debido a que el capital global no respeta las fronteras nacionales y la evasión y elusión fiscal de los ultrarricos “tienen éxito cuando los gobiernos no trabajan juntos”. Por eso, “necesitamos cooperación global”, como ya se ha hecho con el mínimo en el impuesto de sociedades.
Los exlíderes mundiales reconocen que saben de primera mano cómo es “la realidad del cargo político” y sus limitaciones, “incluidas las presiones que se les imponen”. Sin embargo, piden a los actuales mandatarios liderazgo mundial para un nuevo consenso sobre la tributación. “Estamos listos para apoyarlos en esta agenda”, concluyen.
Fuente: El País (España)
