Sin auditorías previas, el Gobierno dará de baja 177.000 pensiones por discapacidad

Organismos denuncian otro ajuste contra las personas con discapacidad

El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea de antemano, previo a cualquier auditoría, una quita de 177.740 pensiones para 2025.

Las intimaciones para volver a presentar la documentación y mantener el beneficio comenzaron a llegar. Si la persona no se presenta ante las oficinas con todos los requisitos pierde automáticamente su pensión.

“El problema es que los plazos que dan son irrisorios, porque entre que pedís un turno a un médico en el servicio público –porque quien cobra la pensión nacional se atiende en un servicio público– y te lo dan, no llegás. A eso se suma el cierre de oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el interior del país», explicó Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

“En declaraciones a los medios, Diego Spagnuolo, el director de Andis, plantea en paralelo que están haciendo las auditorías y que van a dar de baja 200 mil pensiones. Si recién están haciendo las auditorías y los resultados van a estar en mayo de 2025, ¿Cómo saben que van a recortar 200.000?”, señaló Bruno.

Lo cierto es que el Gobierno bajó considerablemente la asignación de recursos para afrontar este gasto en 2025. Según consta en el proyecto enviado al Congreso, para el pago de las llamadas “pensiones no contributivas por invalidez laboral” el Estado contará con $ 679 mil millones menos que en 2024: el presupuesto pasó de los $ 3,034 billones a los $ 2,355 billones.

Otro de los reclamos tiene que ver con aranceles “acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y de transporte”. Según un comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la propuesta oficial de incremento para los prestadores fue del 1% para octubre, 0,8% para noviembre y 0,5% para diciembre, todos porcentajes muy por debajo de la inflación de octubre, que fue del 2,7%. Esto, destacaron, “lleva a una gran crisis del sector prestacional”, ya que con los aranceles actuales se cubre entre el 50% y el 61% de los costos operativos.

“Es una situación de emergencia”, afirmó a este medio Pablo Molero, coordinador del Foro. “Los prestadores no pueden pagar los costos sociales, los aportes laborales, y están pidiendo dinero para cubrirlos”. El impacto se siente además en la cantidad de prestaciones para las personas con discapacidad: “en la baja de los transportistas, lo que ha complicado a la gente llegar a sus terapias, y en los centros que decidieron dejar de atender”, comentó.

Si se dan de baja 177 mil pensiones, agregó, “hay gente que va a quedar sin el ingreso de ese dinero y también sin la atención que Incluir salud les brinda”.

Bruno explicó que “las prestaciones que se garantizan de acuerdo a la ley 24.901 han quedado muy desfasadas en los aranceles. Entonces hay muchísimas instituciones que hoy por hoy están haciendo beneficios, bingos y ese tipo de cuestiones para poder pagar sueldos”.

En la movilización de esta semana también se pidió la eliminación del decreto 843/24, que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral y deja afuera al resto de las personas con discapacidad; un aumento de los recursos asignados a las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025; el cumplimiento del cupo laboral por parte del Estado; la recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos (que es de $ 28.000 desde febrero de 2023); una ley que establezca una Asignación Universal por discapacidad; y una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.

“Las empresas hacen lo que quieren, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte les hace la multa, pero como se desreguló el sector y no es más un servicio público, ellos aducen que pueden hacer lo que quieren con respecto a esto”, sintetizó Bruno.

Fuente: Perfil (Agustina Bordigoni)