El conflicto en puerta que dejó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la reducción del IVA -promovidas por el actual ministro de Economía, Sergio Massa– es apenas una muestra de lo que podría significar una modificación de fondos coparticipables para algunas provincias con alta dependencia de esos recursos, pero fundamentalmente de los giros discrecionales por parte del gobierno central.
Pero no es la única, en el caso de la coparticipación, para Formosa representa el 81,35% de sus recursos totales, con los ATN que completan un 9,11%.
Solo para la Ciudad de Buenos Aires, con el 86,36% entre recursos tributarios y otros ingresos propios; Neuquén, con el 73,47%, y Chubut, con el 56,23% por esos mismos ítems, la coparticipación y los ATN representan menos de la mitad de sus ingresos. Los datos muestran que la mayoría de las provincias se volverían inviables si se modifica cualquiera de esos conceptos.
El debate por la coparticipación
La coparticipación se incluyó a la reforma de la Constitución de 1994, antes de que se le diera autonomía a la Capital Federal, por eso la discusión sobre el porcentaje que le corresponde suele judicializarse. Pero ese es también el principal fundamento por el que tanto constitucionalistas como gobernadores y legisladores aducen que cualquier modificación sería inconstitucional sin una nueva reforma.
“Para modificar las leyes que regulan la coparticipación se debe reformar la Constitución”, dijo a TN el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El tema es tan complejo que actualmente la coparticipación no cuenta con una ley convenio por falta de acuerdo de las partes involucradas, por lo que su aplicación se rige por leyes anteriores. “En el régimen de coparticipación la distribución se tiene que establecer mediante una ley convenio que tiene al Senado como Cámara de origen y que requiere de su mayoría absoluta, lo mismo que en Diputados. Luego debe ser aprobado por las legislaturas de todas las provincias”, explicó Gil Domínguez.
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Pablo Blanco, senador radical por Tierra del Fuego e integrante de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos de la Cámara alta, coincidió en que “eliminar la coparticipación no se puede sin una reforma de la Constitución”, pero advirtió que se podría avanzar con “un nuevo pacto fiscal, que termine con las transferencias discrecionales que se hacen a través de decretos”.
Tierra del Fuego es la provincia que menos coparticipación recibe, pero es también la de mayor peso percápita de esos recursos, debido a su escasa cantidad de población. Si se restan los ATN, el total de esos ingresos propios es del 44,58%, uno de los más altos, pero con una alta dependencia de los nacionales.
El senador por La Rioja, Julio Martínez, también coincidió en que “la ley no se puede modificar sin una reforma de la Constitución”, pero remarcó que “Milei dijo que el proyecto de eliminación se ha descartado y que la coparticipación se respeta, pero que lo que se van a cortar son los fondos discrecionales”.
La Rioja es la jurisdicción que mayor ATN recibe de todo el país, por lo que si avanzara lo que anticipó Martínez, la provincia que representa sería la más afectada. Sin embargo, el también integrante de la Comisión de Coparticipación Federal, aclaró que “la idea es bajar el gasto primero para bajar impuestos después, para que el país sea competitivo y atraiga inversiones”.
Esa es una de las principales herramientas a las que podría apelar LLA en caso de querer avanzar con una modificación de la coparticipación sin reformar la Constitución: reducir impuestos.
Reducir impuestos podría tensar el vínculo con las provincias
Reducir los gravámenes de los impuestos coparticipables es una de las formas de modificar la coparticipación sin una reforma constitucional. Aunque requiere de la aprobación por mayoría simple de ambas Cámaras del Congreso, el Presupuesto 2024 podría delegar al Ejecutivo la facultad de modificar, de manera temporal, impuestos.
De hecho, esa facultad fue la que le permitió a Massa eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y reducir el IVA entre octubre y diciembre, mientras el Congreso debatía convertirlos en ley a partir del primero de enero de 2024, lo que finalmente sucedió.
IVA y Ganancias son los dos principales impuestos que se coparticipan y, tras los proyectos de Massa, Santa Cruz ya avisó que no podrá afrontar el pago del medio aguinaldo de diciembre, al igual que Jujuy, que puso en duda poder sostener el Estado provincial sin esos recursos.
De hecho, la liga de gobernadores del norte, le pidieron a Milei que de manera urgente “arbitre los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios”, así como también “el 35% de la restauración del Impuesto PAIS”. Ese era el proyecto de Massa para afrontar la baja de recursos por la eliminación de Ganancias y la reducción del IVA.
Por eso, si Milei decidiera avanzar con una decisión de sentido similar a la de Massa, podría terminar judicializada por la mayoría de los distritos, advirtieron varios gobernadores. En ese contexto, la vía posible para reducir el gasto nacional es eliminar paulatinamente las transferencias discrecionales.
Detrás de La Rioja, la que más recursos recibe en concepto de ATN, se ubican San Luis, con el 12,15%; la provincia de Buenos Aires, con el 9,62%; Formosa, con el 9,11%; Santa Fe, con el 8,91%; Mendoza, con el 8,54%; Misiones, con el 8,3%; Jujuy, con el 8,14%; Chaco, con el 7,67%; Santiago del Estero, con el 7,28%.
Las tres provincias con mayores transferencias discrecionales están gobernadas por el peronismo (La Rioja, San Luis y Buenos Aires) y entre las diez jurisdicciones que mayor cantidad de ATN reciben, dos están gobernadas por JxC (Mendoza, Jujuy) y una por una fuerza provincial (Misiones).
Le siguen Tucumán, con el 7,17%; Catamarca, con el 6,93%; Corrientes, con el 5,94% y CABA; con el 5,71%, dos de ellas también en manos de la oposición.
En ese contexto, si a la baja de recursos se suma la eliminación de la obra pública para reducir el gasto, la situación de algunas provincias podría ser crítica, según advirtieron desde los gobiernos locales. En ese punto coincidió Juan Pablo Costa, economista del CEPA. “Sin obra pública y sin coparticipación, las provincias se vuelven inviables, con una caída de la actividad económica que afectaría la calidad de vida”, alertó.
A partir del 10 de diciembre, a la par del cambio de color político del país, se modificó la correlación de fuerzas provinciales. Diez jurisdicciones pasarán a estar gobernadas por JxC (Jujuy, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, San Luis, CABA y Chubut) y dos aliados (Córdoba y Santa Cruz); diez por el peronismo (Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Misiones, Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego) y dos por fuerzas provinciales (Neuquén y Río Negro).
Por eso, el rol que juegue la nueva alianza entre Milei y Mauricio Macri será clave para el peso que tendrán los diez gobernadores de la oposición y sus aliados en las negociaciones que podrían definir el futuro de los recursos por ATN y cualquier cambio impositivo que se quiera establecer. También, el nuevo Congreso.
Fuente: TN
