El gobierno nacional avanza en el plan de privatización de las represas de los ríos Limay y Neuquén, sin tener en cuenta las opiniones de los gobiernos de Río Negro y Neuquén.
Tal cuál lo había adelantado el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, a principios de mayo en su exposición en Diputados cuando las comisiones comenzaban a darle forma a la Ley Bases, al finalizar las concesiones los activos volvían al Estado a manos de ENARSA, para reencauzar un nuevo proceso licitatorio.
«Todo lo público que pueda estar en manos privadas, se privatice» había expresado Chirillo y el Gobierno formalizó ese trámite en el Boletín Oficial en cuatro resoluciones entre publicadas entre ayer yhoy, mediante las que creó sociedades anónimas cuyo capital está en manos de dos organismos nacionales, sin participación de las provincias, con el objetivo de producir y vender energía.
Las nuevas SA llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. La Casa Rosada designó autoridades y entramados societarios, tal cuál le permite el vigente DNU 70/2023. La constitución de las nuevas sociedades también están en la Ley Bases.
El caso vuelve a encender las alarmas por el caso INVAP.
“Cuando el contrato vence, los bienes que fueron dados en uso revierten al Estado Nacional, la presa y los equipos de la concesionaria. Esto es bastante claro en la Ley 15.336 que no fue alterada por la Reforma Constitucional de 1994″, había manifestado Chirillo en mayo. En ese tiempo, medios nacionales alertaban -por las consultas en off- que el camino seguido era una nueva privatización.
Así, queda lejano el deseo de Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa de intervenir en los directorios de las hidroélectricas como había prometido el Gobierno de Javier Milei. Solo les queda accionar por el canon del agua.
El gobierno de Alberto Fernández, en tiempos de Sergio Massa (ministro de Economía y candidato a presidente), había acordado con los ex mandatarios Arabela Carreras y Omar Gutiérrez, una gestión mixta en un esquema de empresas estatales. De esta manera, las provincias podían ocupar sillas en los directorios y definir políticas públicas energéticas e influir sobre el manejo del agua en las cuencas del Comahue.
Pasó el debate de la Ley Bases, los gobernadores aportaron sus votos pero Nación no devuelve favores.
Fuente: ADN
