Socorro Jurídico Humanitario dijo que hay más de 75.000 niñas y niños en «abandono» por el régimen de excepción. Imagen: Jose Cabezas/REUTERS
La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo este jueves (27.07.2023) que las organizaciones estiman que en El Salvador son más de 75.000 las niñas, niños y adolescentes afectados por el régimen de excepción, una medida vigente desde 2022 para combatir a las pandillas, y que están en «abandono por el Estado».
«Lamentablemente, los inocentes detenidos -que no son menos de 20.000- no son las únicas víctimas de la irresponsabilidad de la ejecución del régimen de excepción», dado que el SJH «ha identificado que hay más de 75.000 niñas, niños y adolescentes en abandono del Estado», afirmó Escobar en una conferencia de prensa.
Indicó que este dato se ha cotejado con otras organizaciones y que trata de «hijos de personas privadas de libertad» bajo el régimen de excepción. «Podemos evidenciar que los niños no tienen acceso a servicios básicos, como salud y educación de calidad (ni) atención psicológica», agregó Escobar.
El SJH se fundó el 25 de julio de 2022 y desde entonces ha recibido más de 2.500 denuncias, de las que 1.376 son detenciones arbitrarias. También, registra información de unas 300 personas detenidas que habrían fallecido en custodia estatal, y de las que han confirmado 170, según su directora.
El SJH ha acompañado la presentación de 1.285 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de «personas capturadas de manera arbitraria», de los que 1.260 no se han resuelto, añadió.
La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, que ha dejado más de 71.770 personas detenidas y a las que el Ejecutivo acusa de ser pandilleros, tras una escalada de homicidios atribuida a las denominadas maras.
Las organizaciones humanitarias dan cuenta de 5.490 «víctimas directas» de atropellos en el contexto de la medida de excepción.
Piden información sobre fosas clandestinas en El Salvador
Familiares de personas desaparecidas y miembros de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) pidieron este jueves (27.07.2023) que se declare ilegal la reserva a la información sobre fosas y cementerios clandestinos en El Salvador.
Las víctimas, aglutinadas en el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, y la organización no gubernamental hicieron la solicitud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de acuerdo con un comunicado.
Los grupos solicitantes señalaron que las autoridades salvadoreñas han determinado la reserva sobre registro y ubicación de fosas y cementerios clandestinos. Aseguran que pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) se proporcionara dicha información correspondiente al periodo 2015-2021, «pero la misma ha sido indebidamente declarada como reserva».
«Consideramos que la reserva vulnera el principio de legalidad, en el sentido que se limita el derecho a la información y respuesta», apuntaron. Agregaron que «las familias de personas desaparecidas tienen derecho a recibir un trato justo, digno y humano de parte de las autoridades del Estado, así como a tener información oportuna, directa, seria y veraz, libre de estereotipos y estigmas».
Personas colocan velas frente a imágenes de familiares desaparecidos. Imagen: picture alliance / ZUMAPRESS.com
La FGR puso bajo secreto, en junio del 2022, por dos años la información estadística relacionada con las fosas y cementerios clandestinos diseminados en el país centroamericano, argumentando que su publicación supuestamente pone en riesgo las investigaciones.
La entidad justificó la decisión bajo el artículo 19 de la Ley de Acceso la Información Pública (LAIP), que señala en su literal «f» que es reservada la información que cause «un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos». También, citó el literal «g», que permite poner en reserva la información que pueda comprometer «las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso».
Sin embargo, esta misma ley señala que es «información oficiosa» (pública) la «estadística que generen, protegiendo la información confidencial» las entidades obligadas, incluida la FGR.
El fenómeno de las desapariciones se ha mantenido en El Salvador, pese al fin de la guerra civil (1980-1992) y a un régimen de excepción implementado por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Fuente: EFE – Medios locales – ysuca – Propias
