12 agosto, 2022 03:14
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El limbo permanente de los palestinos en el Líbano

Más de medio millón de refugiados palestinos en el país carecen del derecho a la ciudadanía, lo que les impide acceder a servicios públicos o trabajar en ciertas profesiones.

Por FÁTIMA SUBEH MARZO (desde Beirut) 

Poder comprar una vivienda en cualquier parte del mundo suele depender del poder adquisitivo de las personas. Pero en este caso, Fady Faddoul se enfrenta a un dilema que nada tiene que ver con su economía. Este palestino tiene un buen sueldo como contable y podría permitirse pagar una casa. Sin embargo, si decide comprarla, no podrá estar registrada a su nombre y podrían quitársela en cualquier momento.

“No puedo ser propietario por ley. Podría ponerla a nombre de mi madre, que sí que tiene la nacionalidad, pero si ella muere no puedo heredarla y se la quedaría el Estado”, explica Faddoul desde la casa en la que vive de alquiler junto a su pareja en Beirut, la capital libanesa.

Los palestinos en Líbano no tienen derecho a acceder a algunos servicios públicos, pese a que los trabajadores palestinos en las empresas están obligados a pagar sus correspondientes impuestos. Tampoco pueden ser propietarios ni heredar.

Faddoul muestra entre sus manos su pasaporte y habla con resignación sobre su estatus como refugiado. Ese es el título que lleva el documento, aunque tanto él como sus padres han nacido y crecido en Beirut y solo han conocido una tierra como suya: el Líbano.

Este hombre de 36 años es nieto de exiliados palestinos de 1948, que dejaron atrás su hogar durante la guerra árabe-israelí y se establecieron en el país vecino huyendo de la ocupación. “Mi abuelo contaba que les costó apenas una hora llegar al sur, al pueblo de Aein al Sahr, y que allí se asentaron en un campo de refugiados cristianos pensando que en un tiempo volverían a Palestina”, recuerda.

Del año 1952 al 1958, el presidente de la república libanesa fue Camille Chamoun, que otorgó la posibilidad a los palestinos que profesaban la religión cristiana de obtener la nacionalidad. Así fue como la madre de Faddoul consiguió la ciudadanía, pero no puede pasársela a sus hijos porque la ley solamente reconoce los vínculos de sangre del padre.

Líbano es un país multiconfesional que cuenta con 18 dogmas oficiales y donde la política está íntegramente ligada a la religión. Tanto es así que el presidente de la República tiene que ser cristiano maronita por ley; el vicepresidente, cristiano ortodoxo; el primer ministro, musulmán suní, y el presidente del Parlamento ha de ser musulmán chiita. “Siempre hay un juego político o económico con respecto a darnos la nacionalidad. Nos hemos convertido en peones de eso”, afirma Faddoul con rotundidad.

Según el joven, uno de los motivos por los que nunca les han concedido la ciudadanía tiene que ver con que la mayoría de los refugiados palestinos son musulmanes suníes. “Los palestinos cristianos somos muy pocos, si se nos concediera la nacionalidad, aumentaría la cifra de musulmanes sunís en Líbano y eso supondría un cambio demográfico”, reflexiona. Esta situación no gustaría ni a los partidos cristianos, ni a los partidos musulmanes chiitas.

Asimismo, de este “juego político” participan también diferentes países que tienen distintos intereses en la región. “Nuestro problema es un problema mayor entre Israel, Líbano, Estados Unidos… Los palestinos somos una carta con la que jugar. Se negocia, por ejemplo, con que si a los libaneses les dejan controlar las aguas internacionales del sur, darán finalmente la nacionalidad a los palestinos”, en relación con la disputa entre Líbano e Israel por la frontera marítima común en la que se encuentran yacimientos de gas.

Este limbo permanente en el que viven, por el que se les priva del derecho a retorno, pero también de ser considerados como ciudadanos libaneses con plenos derechos, sufriendo políticas discriminatorias, ha traído una serie de duras consecuencias para la vida de los refugiados.

Los palestinos tienen prohibido trabajar en más de 30 profesiones cualificadas, como en el sector de la salud o la abogacía, y en todas aquellas que estén reguladas por sindicatos. Sin embargo, el pasado 8 diciembre de 2021, en lo que parecía un paso hacia delante en cuanto a la conquista de sus derechos, esta ley fue puesta en tela de juicio por el ministro de Trabajo, Mustafa Bayram.

Debido a la situación económica, política y social de inestabilidad en el que se encuentra inmerso Líbano desde hace dos años y, en consecuencia, al éxodo masivo que se está produciendo de trabajadores cualificados del país, el ministro se comprometió a “revisar la lista de profesiones excluidas para los palestinos”.

Pero la propuesta duró muy poco: en febrero de 2022, la Liga Maronita, una organización fundada en los años setenta para conservar los privilegios que tienen los cristianos maronitas en Líbano desde que Francia se los diera durante la colonización francesa del país árabe (1923-1943), hizo una apelación y la reforma quedó suspendida.

La lucha contra las políticas discriminatorias desde los campos

“A los palestinos no se nos permite trabajar. Tengo sobrinos que son ingenieros y enfermeros, pero todos están parados en casa. Lo han intentado muchas veces, pero no les contratan”, dice Salah, un palestino nacido en el campo de refugiados de Chatila. Ubicado en Beirut, es conocido por la masacre de cientos de civiles perpetuada en 1982 por la falange libanesa y liderada por Israel, que cercó el recinto mientras se cometía el crimen para que no pudiera impedirse de ninguna forma.

Este asentamiento está compuesto por un laberinto de callejuelas llenas de edificios cochambrosos y marañas de cables sueltos por la falta de un sistema decente de electricidad. Lo que no faltan son las pintadas y las insignias de Palestina, las banderas con los colores rojo, blanco, negro y verde y, fotografías del expresidente Yasser Arafat, considerado por muchos como símbolo de la resistencia palestina.

Desde campos como Chatila surgieron las últimas protestas contra las políticas discriminatorias que sufren los palestinos en Líbano. En julio de 2019, la entonces ministra de Trabajo, Camille Abu Suleiman, lanzó un nuevo plan de mercado laboral en el que dieron a las empresas el plazo de un mes para facilitar un registro de los nombres de los empleados con tal de localizar indocumentados entre ellos. Asimismo, multaron e incluso se cerraron empresas sirias y palestinas.

“He trabajado en una empresa en la que hacíamos puertas de hierro durante 29 años. Cuando sabíamos que venía gente del Ministerio a hacer inspecciones, el jefe me mandaba a casa. Pero la última vez aparecieron por sorpresa y me echaron”, asegura Salah, de 43 años, nieto de exiliados de Yafa.

Los palestinos sí que tienen permitido trabajar como empleados en este tipo de profesiones, pero los dueños de las empresas se aprovechan de la situación desesperada de los refugiados para no tenerles legalmente contratados. Después de 29 años, Salah se fue a su casa sin ningún tipo de finiquito, ni de derecho a paro, ni de documento que acredite su actividad laboral.

Jossam nació y se crio en el campo de refugiados de Bourj al Brajne, en Beirut. "Mi hija es diseñadora de interiores y no tiene trabajo porque es palestina. Está prohibido hasta vivir si eres palestino aquí", se queja. En la imagen, mira hacia arriba a través del hueco de la escalera de un edificio del campo de refugiados de Chatila.
Jossam nació y se crio en el campo de refugiados de Bourj al Brajne, en Beirut. «Mi hija es diseñadora de interiores y no tiene trabajo porque es palestina. Está prohibido hasta vivir si eres palestino aquí», se queja. En la imagen, mira hacia arriba a través del hueco de la escalera de un edificio del campo de refugiados de Chatila.ELENA DEL ESTAL

El 15 de julio de 2019, comenzaron las manifestaciones masivas contra este tipo discriminaciones, pero la terrible situación de Líbano, que sufre la peor crisis económica de su historia, y donde la libra libanesa ha perdido el 95% de su valor en el último año, pararon las protestas.

Por su parte, Rayan, una palestina de 26 años que nació y creció en Chatila, cuenta que antes de la crisis trabajaba en una “empresa de cosméticos”, pero que perdió su trabajo “por las circunstancias” que está atravesando el país. “Después he echado currículums en varios sitios y ponían en los mismos anuncios, en internet, que solo contrataban a libaneses”, explica.

Un futuro incierto para los palestinos

Jamal Sabre es el responsable de comunicación en la asociación Najdeh, una ONG que trabaja principalmente con mujeres y niñas refugiadas palestinas y, a través de ellas, con los estratos sociales marginados más amplios de su comunidad en el Líbano. Poco antes de las elecciones del pasado 15 de mayo, el joven temía que los mismos políticos que han llevado a la ruina al país, salieran reelegidos. Entonces promover un cambio y una conquista de derechos para los refugiados sería más difícil. “Todo va a depender de quién forme Gobierno esta vez. Si sale un ministro de Hezbollah, hará una cosa, si sale de otro partido, hará otra”, aseguraba.

Los resultados de los comicios en la república árabe, sumida en la crisis y en donde las alianzas regionales están cambiando forzosamente, han apuntado finalmente a la posibilidad de que se abra un nuevo escenario para los refugiados palestinos en Líbano y también para el resto de la ciudadanía en general: Hezbolá, el poderoso partido-milicia pro iraní, y sus aliados chiíes y cristianos han perdido la mayoría en el Parlamento.

Fuente: El País – España – Planeta Futuro

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