Tras el malestar social que generaron los aumentos récord del sector y luego de haberles dado vía libre para que suban a voluntad, el Ministerio de Economía incineró la bibliografía libertaria y se vio obligado a intervenir y fijar cómo y cuánto deben aumentar las tarifas de la salud privada.
Un esquema que, por seis meses, no será libre sino que se volverá al precio de diciembre y, desde allí, se aplicarán subas en base a la inflación mensual. Esto redundaría, vía intervención del Estado que Milei desprecia, en un aumento un 30 por ciento menor que el que se dio en el esquema de precios libres. En pocas palabras, como el mercado de la medicina prepaga no se moderó ni compitió por precios a la baja, sino que hizo todo lo contrario, el Presidente decidió volver a regular al sector para evitar un descontrol de precios.
Lo hizo, además, en medio de una confusión total a nivel gestión y posición ideológica: Economía avanzó en regular cuando hace menos de 24 horas había presentado un amparo judicial para frenar los aumentos; todo mientras rige el DNU que, entre otros puntos, liberó las tarifas de las prepagas. Todo este ida y vuelta siendo el Gobierno quien tiene la potestad de controlar, sin ir a la Justicia. Y un dato más: tan afectado quedó el relato del libre mercado que Milei no se animó a avanzar en una acusación directa por cartelización de prepagas, asunto denunciado por la Coalición Cívica y sobre el que sobra evidencia.
Si lo hacía, podía dejar fluir el libre mercado pero imponiendo multas y sanciones por conductas anti competitivas, que es lo que todos los países que ostentan el libre mercado hacen. Pero eligió, por el temor al escándalo y la crisis social, regular antes que multar vía Comercio, cartera denostada por los libertarios. Dato de color: con el mismo DNU que desreguló a las prepagas, también eliminó el Gobierno el esquema de información de costos que regía en la Ley sectorial. Sin eso, hoy no tiene forma de lograr, en la práctica, que las empresas les devuelvan a los usuarios el dinero mal cobrado en estos meses. Es decir, la capitulación política fue total y, además, desordenada.
En paralelo, si bien para los usuarios era un beneficio necesario moderar las subas, para los planes del Gobierno es un antecedente que le pega en la base de flotación del programa económico: ¿quién garantiza hoy que alguien no vaya a la Justicia, basado en la decisión del gobierno de volver atrás aumentos con sospechas de cartelización, a pedir que ocurra lo mismo con el mercado de combustibles, telecomunicaciones, de colegios privados y hasta de tarifas de la energía? El escenario es de alto riesgo y derriba la teoría libertaria de la efectividad de la auto regulación.
En este contexto, sólo el ministro de Economía, Luis Caputo, se tiró encima de la granada para transformar en épica anti mercado lo que para el Gobierno es una decisión traumática. En su cuenta de la red social X, escribió que «las prepagas deberán retrotraer precios fuertemente, de acuerdo al dictamen de Defensa de la Competencia. Gran trabajo de Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde y, por supuesto, un gran alivio para la clase media». En la otra esquina, bramó el asesor estrella Federico Sturzenegger, autor del DNU y quien hasta la semana pasada salió a defender los aumentos a las prepagas. Otro capítulo en la interna por saber quién se quedará con el sillón de Hacienda.
Para contribuir a la desorganización, luego de que Hacienda comunicara que la idea no es que las empresas reintegren el dinero mal cobrado sino hasta que se resuelva el fondo del asunto, la Superintendencia de Servicios de Salud, exórgano rector del sector, publicó en su cuenta de X que «la medida cautelar solicitada por este organismo para que las empresas de medicina prepaga retrotraigan sus valores al 01/12/2023, pide además que se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses».
Haciendo cuentas
En una acción tutelar mientras se resuelve la cuestión de fondo de si hay o no cartelización, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio a entender, en su decisión sobre volver atrás las cuotas, que esta situación de abuso de precios es posible y que hasta podría haber «un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país». A tales fines, dispuso vía Economía que el valor de las cuotas no sea mayor al siguiente cálculo: la cuota del mes de diciembre a la que se le sumará el IPC acumulado hasta abril. Y luego de eso, en junio, se actualizará la cuota por la inflación de ese mes.
En los papeles, las prepagas aumentaron, de enero a marzo, cerca de un 116 por ciento. En ese mismo lapso, la inflación fue de 51,5 por ciento. Así las cosas, y considerando el Gobierno una inflación del 10 en abril, en las próximas facturas el usuario registrará un monto a pagar entre un 33 y 35 por ciento menor al que venía abonando. Siempre según la versión oficial.
En la denuncia del Gobierno se especificó que esta vuelta atrás de los precios rige, en realidad, para el 75 por ciento del sector. En el listado de empresas obligadas aparecen Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, «en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical y de la UAS«.
Faltan muchas importantes, como la prepaga del Hospital Italiano y Medicus. El Gobierno asegura que las que están son las sospechadas de cartelizar. Aquí otra deficiencia del Ejecutivo: si la cartelización en abril fue por subas del 19 por ciento, por poner un ejemplo, las empresas que subieron 17 (por citar un número) no se cartelizaron pero sí aumentaron casi lo mismo y más que el IPC. ¿Para esas no hay sanciones?
Todo es particular en esta historia, y el problema que se le generó al Gobierno con las prepagas es muy curioso, porque el nivel de representatividad del sector es escaso: unos 33 millones de argentinos se atienden en la salud privada, incluido PAMI y obras sociales. De ese total, 6 millones están en prepagas, y 1,5 millones de ellos se pagan la prepaga de su bolsillo (es decir, no derivan aportes ni son clientes corporativos). En ese universo, hay una concentración muy importante en el AMBA, donde el 50 por ciento tiene prepaga. Es un conflicto no sólo menor en gente, sino poco federal: en provincias del interior como Santiago del Estero y Tucumán, sólo el 2 y 4 por ciento, respectivamente, tiene prepaga.
Las prepagas dicen que es impracticable
Fuentes de la UAS dijeron a este diario que «lo que el Gobierno plantea es impracticable, no se charló con nosotros y generará una crisis en todo el sector». El argumento de las empresas es que en el sistema hay, además, de prepagas, prestadores de salud, que son mayormente clínicas. A esos prestadores, las prepagas les pagaron con aumento los meses de los aumentos, es decir, hoy deberían darse vuelta y pedirles un reintegro si es que opera el reintegro a los usuarios.
«La plata no está», aducen. Y agregan que «Caputo dijo que era una guerra a la clase media y no sabe que es un universo de 1 millón de personas. Ahora metió a todo el país en esta disputa, a todo el sector». La idea, a priori, es no acatar la decisión del Gobierno. En este contexto, parecen tener la pelota de su lado, por la propia torpeza oficial: la vigencia del DNU les da la razón de los aumentos.
Fuente: Prensa Presidencia – Página12
