La reforma laboral que impulsa la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich reproduce, en al menos tres de sus ejes centrales, el objetivo flexibilizador contenido en la ley 25.250 que sancionó en 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa con un escándalo institucional que derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.
Es que al igual que las propuestas de Bullrich, la norma denominada “Banelco” por las sospechas de haber sido facilitada mediante el pago de supuestos sobornos a senadores peronistas, se basaba en el fin de la ultraactividad (la garantía de vigencia de los convenios de trabajo más allá de su vencimiento formal), la descentralización de las negociaciones colectivas y la reducción de las cargas patronales, entre otros puntos.
Territorial
En otro tramo Bullrich se refirió a la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo se discutan no sólo a nivel nacional, entre las cámaras patronales de una actividad y el sindicato más representativo de ese rubro, sino “por región o por empresa”. En su artículo 2, la ley 25.250 ponía en un pie de igualdad los convenios “nacional, regional o de otro ámbito territorial” con los de carácter “intersectorial o marco”, los “de actividad”, los “de profesión, oficio o categoría” y los firmados “por empresa o grupo de empresas”. Se trata de un afán histórico de las representaciones patronales de la Argentina de habilitar discusiones de menor escala que la nacional para privar a las representaciones gremiales de un piso de derechos mínimos desde el cual cada unidad de negociaciones pueda pactar mejores condiciones.
La postulante también mencionó la necesidad de “una baja en las cargas sociales y una ley pyme para los que tengan baja cantidad de empleados” de modo tal de fijar “un mínimo no imponible sobre la masa salarial de los trabajadores para que la carga impacte menos sobre la actividad”. El artículo segundo de la “Banelco” mencionaba explícitamente la posibilidad de una rebaja en las contribuciones a la seguridad social para las empresas que produjeran “un incremento neto en su nómina de trabajadores contratados por tiempo indeterminado”.
El abogado laboralista Héctor Recalde, protagonista como asesor de la CGT de las mayores protestas contra la ley 25.250 y luego de su derogación como presidente de la comisión de legislación laboral de Diputados durante el kirchnerismo, le dijo a este diario que “es muy triste que se quiera volver a los contratos basura” y dijo en cambio que Bullrich “debería preocuparse para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas”.
Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, apuntó: “la preeminencia de los convenios colectivos por empresa es un viejo anhelo empresario, porque cuanto menor es el nivel de la negociación, menor es la fuerza de los trabajadores. Por eso nuestro sistema prevé un convenio por actividad como piso, que sólo puede superarse -y no perforarse- mediante negociaciones a nivel de empresas”.
Fuente: Ambito
