Credit…Daniele Volpe para The New York Times
La estrategia del gobierno de Joe Biden para reducir la migración a través del fortalecimiento del Estado de derecho en la región no ha detenido a los autócratas ni convencido a la gente de que no se vaya.
De pie en el Palacio Nacional de Guatemala en junio pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un quiebre dramático con el enfoque del expresidente Donald Trump a la migración indocumentada. En lugar de construir muros y deportar menores, Estados Unidos se concentraría en reducir la corrupción y la impunidad en Centroamérica, al brindar a los cientos de miles de migrantes que abandonan la región cada año motivos para quedarse.
Pero un año más tarde, Centroamérica se ha posicionado como uno de los reveses más importantes para el gobierno de Joe Biden en materia de política exterior. Muchos países se han sumido más en el autoritarismo y la pobreza y han enviado a la frontera sur de EE. UU. migrantes en cifras récord, lo que ha dejado a las frágiles democracias de la región en su peor situación desde la Guerra Fría, según exdiplomáticos estadounidenses y líderes de la sociedad civil.
En Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, Giammattei ha desmantelado metódicamente los últimos vestigios de instituciones independientes. Uno a uno, su gobierno ha encarcelado, exiliado o acallado a las mismas personas que Estados Unidos dijo que apuntalarían sus esfuerzos para que Guatemala fuera una sociedad más justa y, al fin, más habitable: jueces independientes, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos.
E incluso en la democracia más sólida de la región, Costa Rica, el nuevo presidente, Rodrigo Chaves, ha lanzado ataques inéditos contra los periodistas que investigan acusaciones de acoso sexual y mala praxis financiera, tildándolos de “ratas” y usar el poder ejecutivo para dejar a sus medios sin ingresos.
Si bien la desigualdad y la pobreza crónicas, profundizadas por la pandemia y la inflación global, son los principales impulsores de la migración centroamericana, al éxodo también contribuyen la impunidad y corrupción que empeoran las condiciones de vida.
En Guatemala, jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción que involucraban al presidente huyeron del país para evitar ser arrestados, a pesar de las solicitudes de Washington para que sus puestos fueran protegidos. El líder del principal medio de comunicación independiente de Guatemala, elPeriódico, que cubrió a profundidad esos casos, fue encarcelado en julio, acusado de lavado de dinero.
Y los nombramientos de Giammattei para fiscala general y líder de la unidad de anticorrupción de la fiscalía, que Harris había anunciado trabajarían con autoridades estadounidenses para investigar casos de corrupción, han sido proscritos de Estados Unidos por socavar las investigaciones en torno a la corrupción.
La Patrulla Fronteriza registró más de 600.000 aprehensiones de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses —los cuatro grupos principales de migrantes centroamericanos— en los primeros 10 meses de este año fiscal, cifra que representa un incremento del 4 por ciento para el mismo periodo en 2019.
La falta de disposición del gobierno de Biden para aplicar más presiones a gobiernos cada vez más autocráticos en parte es motivada por el deseo de preservar sus políticas migratorias y de seguridad en Centroamérica, indicaron exfuncionarios estadounidenses y líderes de la sociedad civil.
“El cálculo político es cooperación migratoria en cambio de autocensura de crítica”, comentó Claudia Samayoa, una destacada defensora guatemalteca de los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses y algunas personas cercanas al gobierno dicen que el impulso a favor de la democracia en Centroamérica es una tarea a largo plazo y que la ola autoritaria muestra que los funcionarios corruptos se sienten amenazados por las políticas de Washington.
Washington, insistieron los funcionarios de Biden, puede saltarse a los gobiernos corruptos y colaborar con el sector privado, la sociedad civil y los funcionarios honestos en el poder judicial y en los congresos para impulsar la democracia.
Robinson reconoció que la doble prioridad del gobierno de EE. UU. —controlar la migración y apoyar la democracia— pueden chocar, pero dijo que Washington puede trabajar en ambos objetivos simultánea y efectivamente.
“Existe tensión, pero eso es parte de ser un gobierno grande”, dijo.
Funcionarios del gobierno han enfatizado cada vez más los esfuerzos para impulsar la inversión privada a Centroamérica, otra medida de la política de Washington para enfrentar la migración y comentan que han conseguido promesas por 3200 millones de dólares en inversiones para la región.
Que se minimicen las expectativas de este modo contrasta drásticamente con el discurso enérgico que los funcionarios de Biden empleaban a principios de su mandato.
“La gente yo creo que se tiene que dar cuenta que los cuatro años de ignorar la corrupción bajo la administración Trump se acabaron”, dijo Juan Gonzalez, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, en enero de 2021 al periódico guatemalteco La Hora.
“El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”, le dijo en una entrevista por separado al medio salvadoreño El Faro.
Pero los diplomáticos y los líderes de la sociedad civil han dicho que la respuesta del gobierno estadounidense ha sido débil y solo ha envalentonado a los autócratas.
“Las sanciones que son a medias, son tibias, no son efectivas,” dijo Edgar Gutiérrez, analista político guatemalteco.
En mayo, Giammattei renovó el nombramiento de María Consuelo Porras como fiscala general, quien tiene sanciones de Estados Unidos.
Ni el despacho de Giammattei ni el de Porras respondieron a solicitudes de entrevista.
El gobierno de Biden también ha evitado en general castigar a las economías centroamericanas o a las grandes empresas cercanas a los gobiernos autoritarios de la región, una medida que los críticos dicen refleja el miedo de la Casa Blanca de desestabilizar las economías regionales y desencadenar un mayor flujo migratorio.
Otra herramienta creada por el gobierno de Biden para defender el Estado de derecho en Centroamérica, la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Departamento de Justicia, no ha emitido ninguna condena desde su formación hace un año.
En defensa de su estrategia, los funcionarios estadounidenses mencionan a Honduras, cuyos ciudadanos votaron en contra del gobierno corrupto y autoritario de Juan Orlando Hernández el año pasado. En abril, Hernández fue extraditado a Nueva York esposado para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico, un recuerdo, dicen los funcionarios estadounidenses, del amplio alcance de la justicia de Estados Unidos.
“Estados Unidos no nos va a salvar la vida”, dijo Jordán Rodas, quien fuera ombudsman de derechos humanos en Guatemala y quien abandonó el país horas antes del final de su mandato en agosto. “Pero puede tener un papel importante al ayudar a garantizar elecciones transparentes que nos den una oportunidad de elegir el cambio”.
Anatoly Kurmanaev y Jody García reportaron desde Washington y Ciudad de Guatemala. Bryan Avelar y Yubelka Mendoza colaboraron desde Ciudad de México, David Bolaños desde San José, Costa Rica, y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.
